Saltar al contenido

La cultura y su marco legal

Las decisiones políticas influyen, trasforman y a veces modifican el verdadero sentido de las actividades culturales que los ciudadanos de una comunidad producen, crean, viven y disfrutan en su tiempo de ocio. Asimismo, sabemos que la economía tiene una enorme relación con el consumo cultural y por extensión con el nivel de bienestar personal, por lo tanto, la desigualdad está presente en el acceso a la cultura.

Esta es la razón por la que llevo mucho tiempo haciendo hincapié en la necesidad de modificar las políticas culturales; por un lado, para cambiar y mejorar el marco legal del sector económico de la cultural, solicitando un nuevo marco legal que recoja las políticas de acompañamiento imprescindibles para consolidar el sector de las industrias creativas, favoreciendo la repercusión social de sus acciones en favor de los ciudadanos; y, por otro, vindicando unas políticas culturales que favorezcan tanto la producción como la creación de cultura, diferenciando producto de creación, industria y actividad ciudadana, para desarrollar acciones que faciliten el acceso universal y lograr una mayor igualdad y un mayor bienestar en el goce de la cultura.

La constitución del 78 garantiza el acceso universal de los ciudadanos a la cultura y obliga a los poderes públicos a su consecución. El artículo 44 de la Constitución española dice:

Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

Pero, ¿cómo se articula el marco legal que debe desarrollar dicho precepto? Los mecanismos de ayuda, promoción y difusión de la cultura creados para hacer posible esta garantía se han articulado en torno a las competencias de los gobiernos locales, autonómicos y central; construyendo un marco legal confuso que ha generado un enorme descrédito del sistema de ayudas públicas a la cultura.

Los marcos legales que rigen hoy el devenir cultural precisan de una reforma, hay que replantearse las bases jurídicas que rigen sobre las empresas culturales, contemplando la especificidad del sector de las industrias creativas, lo que llamamos la excepcionalidad cultural.

Además, habrá que tener en cuenta la gran dependencia que el sector cultural tiene de las administraciones públicas, lo que provoca un difícil equilibrio entre lo público y lo privado.

Los cambios en el marco legal necesitan de la reflexión y de la voluntad política, y deben facilitar el desarrollo de un plan estratégico con objetivos a corto, medio y largo plazo; que contemple el hecho económico de las industrias culturales y su trascendencia en el bienestar de los cualquiera así como la actividad cultural del común.

Todos sabemos cuán importante es la participación ciudadana en los hechos culturales, cuán importante es la cultura en la creación de identidades colectivas, cuán importante es la mejora del nivel cultural de un pueblo para poder desarrollar una conciencia colectiva en favor del bien común y la igualdad.

Todo esto solo será posible generando un marco legal adecuado a los nuevos modelos sociales de disfrute del ocio y la cultura. Un nuevo marco legal consensuado que facilite la participación de todos y todas en el hecho cultural como creadores, como productores y como usuarios.

Los procesos participativos, con el trascurrir del tiempo y la inacción de las palabras, que no se materializan en realidades tangibles, se diluyen en efímeros disensos y olvidan la necesidad imperiosa de generar convivencia y lógicas adecuadas a los tiempos actuales.

El tema del marco legal que determina la acción cultural sería un debate a desarrollar por los organismos de participación creados desde el Gobierno de Aragón y desde el Ayuntamiento de Zaragoza (Consejos de Cultura).

Estos organismos deben ser motor y empuje para impulsar los cambios del modelo actual y establecer políticas culturales consensuadas desde el disenso, que permitan, por un lado subsistir y asentarse a las industrias culturales con sus producciones, y por otro, acciones del común que favorezcan la creación cultural.

Son organismo para la reflexión y la creación de estrategias comunes.

Sabemos hablar fácilmente de cultura, quizás deberíamos hablar, algunas veces, de la legalidad y del derecho que rige la acción cultural, con el objetivo de trasformar y mejorar el derecho mercantil que rige el sector económico de las empresas culturales y conocer el derecho administrativo que regula y garantiza la función de la cultura. Se hace urgente e imprescindible poner encima de la mesa estos temas para preservar, difundir y aprender a valorar el hecho cultural.

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: